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El presupuesto participativo como herramienta para fortalecer la ciudadanía

*) Por Claudio Ava Aispuru.

Es habitual referirse en los tiempos que corren al fenómeno de la apatía o al estancamiento de la participación ciudadana. No sólo en Argentina, sino en la gran mayoría de los países occidentales pueden comprobarse índices cada vez más altos de abstención electoral y de crisis de confianza en los partidos políticos y en las instituciones.

En ese sentido es importante apuntar que el rol del ciudadano, poco a poco, está mutando y aggiornándose a las nuevas demandas y desafíos que plantea el siglo XXI. La política va cambiando en el mundo contemporáneo y la democracia postelectoral se encuentra cada vez más deslegitimada. Para comprender y analizar estas transformaciones se han creado nuevas grillas conceptuales: uno de los fenómenos que se patentiza en la actualidad es que los ciudadanos, al votar, autorizan a gobernar, pero luego vigilan, fiscalizan, exigen rendición de cuentas de los funcionarios e información pública de los actos de gobierno, a través de nuevas formas organizativas de la sociedad civil.

En su obra La contrademocracia, el intelectual francés Pierre Ronsanvallón se refiere a la sociedad de nuestros tiempos como la “sociedad de la desconfianza”, dado que los ciudadanos cada vez confían menos en sus dirigentes y en las instituciones políticas. Porque, si bien la legitimidad de los gobernantes es producida automáticamente por efecto de las elecciones, la confianza en los gobernantes es una cuestión mucho más compleja, que se debe refrendar día a día durante todo el lapso que dure la gestión.

Frente a la falta de atención de las demandas ciudadanas por parte de los gobiernos, aparecen nuevos mecanismos que consolidan una ciudadanía activa y que sirven para que sean los propios ciudadanos quienes tomen parte en las construcciones y decisiones de objetivos que afectan al conjunto de la población.

Llevada esta tendencia al ámbito de las esferas municipales, uno de los instrumentos más novedosos de las últimas décadas es el presupuesto participativo, definido sintéticamente por el economista Ubiratan de Souza como “un proceso de democracia directa, voluntaria y universal, en el cual la población decide el presupuesto y las políticas públicas, de manera que su participación no se limita a votar cada cierto tiempo, sino que también toma decisiones y controla la gestión de gobierno”.

Es inevitable asociar el concepto de ‘presupuesto participativo’ con la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, puesto que allí se consolidó con singular éxito este mecanismo de participación ciudadana en la gestión pública. Para que esta política pudiera comenzar a implementarse fue fundamental el triunfo electoral de una fuerza claramente progresista como el Partido de los Trabajadores (PT), que ganó las elecciones municipales en 1988.

Vale destacar, sin embargo, que el presupuesto participativo ya ha ultrapasado numerosos gobiernos, incluso opositores al PT, por lo que se ha convertido en una política de Estado, en una conquista de los portoalegrenses.

Buenrostro Sánchez amplía al respecto: “El caso de Porto Alegre resulta ilustrativo, ya que la experiencia pionera del presupuesto participativo parte de la iniciativa de un partido político de izquierdas que, en un período de transición democrática, se convierte en gobierno, y se encontró con una población muy dada a la organización ciudadana y experta en reivindicaciones sociales. Sin la apuesta y posterior compromiso del gobierno y la trayectoria de las organizaciones comunitarias, el proceso nunca hubiera sido posible».

Porto Alegre, ciudad que cuenta con más de un millón y medio de habitantes, es el caso paradigmático, pero otros municipios de países ubicados en las latitudes más diversas del globo terráqueo y con gobiernos de diferentes matices ideológicos, han replicado conceptualmente este modelo de gestión, logrando mantener importantes niveles de participación ciudadana en relación con sus poblaciones totales y más allá de las divergencias existentes con la mayor o menor eficiencia en lo referente a la faz práctica u organizativa.

Concretamente, en Porto Alegre se puede observar el cumplimiento de algunos de los objetivos del presupuesto participativo que señala Pilar Mairal: la creación de ciudadanía responsable y comprometida a partir de un claro componente pedagógico y movilizador, vinculando el ámbito público y privado con la vida política y consolidando una nueva relación entre el poder político y la población; consecuencia de lo anterior, la apertura y consolidación de foros de debate y socialización que contribuyen a superar las limitaciones de la democracia representativa a través de instituciones de democracia directa; y por último, el control de la gestión y la fiscalización general de la administración local.

En nuestro país, cada vez son más los gobiernos locales que, con diferentes grados de desarrollo, incluso algunos realizando pruebas piloto, se valen del presupuesto participativo. En la ciudad de Paraná se aplica desde el año 2013, con avances y retrocesos en cuanto a la faceta práctica (peso del PP en el presupuesto total del municipio, mecanismos de información previos para la población, calidad en la ejecución de las obras ganadoras, etc.). Al tratarse de una experiencia relativamente novedosa para los paranaenses, es entendible que los primeros años de implementación sirvan para detectar y corregir las falencias e inconveniencias que vayan surgiendo, pero siempre recordando que el presupuesto participativo es una herramienta para incentivar la participación de la comunidad en el mejoramiento de su propia calidad de vida.

Claudio Ava Aispuru

Claudio Ava Aispuru
Presidente del Frente Entrerriano Federal (FEF)

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