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Sobre el voto a los 16 años

*) Por Álvaro Pierola.

Frente a la actual discusión sobre el reconocimiento del derecho a sufragar a los jóvenes a partir de los 16 años creo pertinente hacer algunas consideraciones. En primer lugar, y como adelanto de mi opinión en general de la cuestión, analizo positivamente el cambio por considerarlo una medida ampliatoria de derechos políticos. A esto lo hemos visto a largo de la historia del voto en nuestro país, que ha nacido y crecido siempre en un esquema de avances progresivos desde que fue consagrado como derecho para los argentinos. Pero no me interesa aquí anclar el análisis en su faz histórica sino desde una perspectiva crítica en las reglas políticas de este presente que atravesamos.

La medida, anunciada e impulsada por senadores del oficialismo nacional, no es para nada novedosa si analizamos que existen otros proyectos de ley modificatorios del régimen electoral actual que han ido en este sentido pero nunca fueron puestos en la agenda. Entonces, por qué estamos hoy analizando la cuestión. Quizás por el modo de instalación de los temas por parte del gobierno, que utiliza todo el aparato de propaganda oficial para desviar algunas atenciones a temas de real y cotidiana preocupación para los argentinos, y a los cuales aún no les han encontrado una respuesta concreta y satisfactoria. Claro está que me estoy refiriendo a la inflación – que mella los salarios de todos quienes tienes la posibilidad de tenerlo -, la pobreza y la justa distribución de la riqueza, que se intenta negar en un proceso de crecimiento económico sostenido sin verdadera y genuina inclusión.

Frente a ello entonces, surge el cuestionamiento respecto a si el voto a los 16 ¿es una medida pensada para los jóvenes verdaderamente, o mas bien pensada desde un mero oportunismo en vísperas a un año electoral cuyo resultado será determinante para ciertas aspiraciones re-reeleccionistas? Creo que desde esta segunda opción parte el actual impulso espasmódico del asunto. Si no, cómo explicar la falta de debate y desinterés del oficialismo en todos los proyectos de este tipo presentados por legisladores de distintas fuerzas políticas en el parlamento nacional, relegando así lo que ahora se muestra como urgente: dar mas participación a los jóvenes.  Pensar políticas para la juventud y su verdadera inclusión social es un tema que comprende sus derechos electorales, claro, pero que también comprende otros derechos de igual trascendencia que, reclamados por los mismos jóvenes, continúan siendo desoídos. Repárese en la falta de oportunidades para acceder a un primer empleo – o la precarización del mismo para quienes lo detentan -, de jóvenes a partir de los 16 años. Según las estadísticas recientemente publicadas por la propia Organización Internacional del Trabajo, en la Argentina tenemos un 17,9 % de desocupación en la franja de edad que van entre los 15 y 24 años, con una marcada tendencia a la precarización progresiva de sus condiciones laborales. Similar análisis podemos hacer en relación a la falta de resultados en lo que a inclusión educativa respecta para jóvenes a partir de la misma edad, que constituye una clara – pero también negada – expresión de la desigualdad social y de los fuertes índices de pobreza que aún subsisten. Pues entonces, de lo que se trata es que el Estado garantice a los jóvenes la protección de sus derechos en un marco de coherencia, pluralidad y despojado de cualquier oportunismo coyuntural.

Es importante resaltar este dato. La mayoría de edad hoy está establecida a los 18 años, momento a partir del cual los sujetos adquieren capacidad civil plena. Ahora bien, para responder por sus acciones, el Estado entiende que a los 16 años están capacitados para hacerlo. Continuando este razonamiento, no debería sorprendernos que esa capacidad de responder por sus acciones se extienda a la esfera de la ciudadanía política. Si el Estado puede fijar un límite de edad para restringir derechos y aplicar todo el rigor de la ley penal, o sea puede lo máximo, ¿cómo no podría lo mínimo? ¿cómo podría justificar que los jóvenes son aptos para ser responsabilizados penalmente y castigados y no habrían de ser aptos para elegir sus representantes? Si un joven es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, y por ende puede ser sancionado, por qué no reconocerle a este mismo joven su capacidad de elegir en términos de lo bueno y lo malo políticamente hablando. Por esto, considero que debemos evitar continuar con ciertos mensajes confusos hacia los jóvenes en tanto se los considera hábiles en un plano (el del castigo) pero inhábiles en otro (el del ejercicio de sus derechos). De acuerdo con ello, saludable sería que quienes detentan la mayoría parlamentaria se avoquen a la sanción definitiva de un sistema de justicia juvenil que sea superador de la vieja pero cruelmente vigente Ley Nº 22.278. Altamente positivo sería que el Congreso Nacional analice un sistema coherente de capacidades para los jóvenes a modo de suprimir la diáspora de edades cumplidas las cuales los jóvenes adquieren la aptitud legal de realizar por sí mismos diversos actos de la vida en sociedad. Desde esta perspectiva se unificaría también el sistema de responsabilidades laborales, civiles, penales y políticas que para los jóvenes puedan caber, generando así un mensaje mas claro para ellos y la sociedad en su conjunto. Como corolario entonces, vale afirmar que es positivo que los pibes voten a los 16, pero

si esa es la decisión, que sea para todos. Obligatorio en términos del artículo 37 de la Constitución Nacional. Considerar a los jóvenes con capacidad para ejercer sus derechos electorales implica fundamentalmente su involucramiento en la construcción
colectiva de políticas públicas. Para ello los jóvenes necesitan ser considerados, justamente, como ciudadanos y desde ese lugar construir o fomentar a construir las políticas para ellos, pero fundamentalmente con ellos, dejando de pensarlos como el futuro sino más bien como lo que son y deben ser: actores protagónicos del presente.

Álvaro PierolaÁlvaro Pierola
Abogado.
Sub secretario Derechos Hum anos Municipalidad de Paraná 2007/2011.
Frente Entrerriano Federal (FEF)

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